Latinoamérica presenta una casuística particular en relación a la seguridad y salud en el trabajo, lo que la hace enfrentarse a retos fundamentales. Valentina Forastieri, coordinadora de la Unidad de Promoción de la Salud y Formación del Programa SafeWork de la OIT, señala cuáles son esos rasgos que distinguen el comportamiento de la región.
1. Puesta en práctica y actualización: La legislación, normativa, directrices y códigos de prácticas son piezas clave para garantizar la mejora de las condiciones de los trabajadores en la región. En varios países se requiere la actualización o la elaboración de legislación específica. Dicha actualización deberá llevarse a cabo asegurando la coherencia y complementariedad que debe existir entre las normativas recientemente emitidas por las diversas instituciones responsables de la salud y seguridad en el trabajo en cada país (ministerios de Trabajo, Salud e instituciones de Seguridad Social, entre otros) a la luz de los avances técnicos y científicos y de las normas internacionales del trabajo.
2. Sistema adecuado de Inspección del trabajo: Por lo tanto, es prioritario avanzar en el fortalecimiento de la Inspección, ya sea dotando al cuerpo de inspectores de recursos humanos y financieros de una formación completa con la que puedan actuar en materia de salud ocupacional, como implantando/consolidando manuales de procedimientos que se refieran a todo su ámbito competencial. Es necesario definir o protocolizar la relación interdepartamental e interinstitucional de las diversas autoridades competentes, estableciendo claramente su actuación, sus roles y responsabilidades en materia de condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional. La Inspección de trabajo, además de tener funciones de supervisión y sanción, también puede orientar y asesorar a los empleadores sobre el cumplimiento de la legislación. Es necesario también definir las competencias de la Inspección de trabajo con respecto a determinados sectores productivos y poblacionales. Concretamente, la Inspección de trabajo no accede a la economía informal y lo hace de manera limitada al sector rural. Los ministerios de Trabajo pueden considerar mecanismos complementarios de vigilancia del cumplimiento y de prevención, como han hecho algunos países, a través de auditorías externas como apoyo a sus funciones, siempre y cuando mantengan la responsabilidad de supervisión y vigilancia del cumplimiento a nivel nacional.
3. Políticas nacionales, sectoriales y de empresa: Una política nacional permite definir las prioridades, la orientación y las acciones a llevar a cabo a nivel nacional y por sector para garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros y condiciones de trabajo adecuadas. Todos los actores sociales implicados deben conocerlas. La política nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) debe ser coherente con los objetivos de las demás políticas de desarrollo nacional. Para que la promoción de una política nacional en SST sea eficaz, y se asignen los recursos necesarios para su implementación, es necesario que ésta se incorpore a los planes de desarrollo nacional y a las políticas de empleo de cada país. Esta política también deberá ser revisada a la luz de los avances científicos y tecnológicos. Deberán tomarse en cuenta la severidad y extensión de cada problema en particular, la disponibilidad de recursos y medios para la acción, la situación económica del país, del sector o de la empresa, los efectos del cambio tecnológico y otros factores de acuerdo con las condiciones y la práctica nacionales. Existen condicionantes estructurales en los países de la región que deben ser abordadas de manera integral para que dicha política se implemente de manera eficaz. La aplicación efectiva de una política nacional requiere del diseño de un Plan de Acción Estratégico Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada país. Una tarea inmediata de las instancias responsables debe ser la realización de un diagnóstico nacional para la evaluación de los riesgos en el trabajo en sectores prioritarios (por ejemplo, los más peligrosos a nivel nacional), que permitan la definición de prioridades para la acción preventiva y protectiva. Especial atención debe darse a la incorporación a las políticas y planes nacionales de SST de los trabajadores en condiciones vulnerables, tales como los trabajadores jóvenes, los discapacitados, los rurales, los temporales y los inmigrantes, así como de los trabajadores por cuenta propia y de los involucrados en la economía informal.
4. Diálogo social y consulta entre las partes involucradas: La política nacional debe ser formulada a través del consenso tripartito entre empleadores, trabajadores y otros actores sociales. Su puesta en práctica y revisión, y la implementación de las medidas a nivel de la empresa, también deben ser llevadas a cabo a través de la acción tripartita. Las autoridades competentes, los empleadores y los trabajadores tienen obligaciones, deberes y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben ser vistos como complementarios y mutuamente favorecedoras para la mejora de las condiciones y el medio ambiente de trabajo en el contexto de la legislación y la práctica nacionales a través del diálogo social, la concertación y la acción conjunta.
5. Sistema Nacional de Información y Estadística: Es necesario diseñar y establecer un sistema de información estadística unificado a nivel nacional para el registro, notificación y elaboración de estadísticas e indicadores de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La obtención de estadísticas laborales adecuadas sobre accidentes, lesiones, muertes y enfermedades profesionales permite tener un panorama de la realidad del país por región y por sector económico, tanto en términos de peligrosidad –para el establecimiento de prioridades– como en términos de eficacia de las medidas preventivas y de control encaminadas a reducir los riesgos en el trabajo. Un sistema unificado de información estadística deberá involucrar a las instituciones pertinentes (ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Salud) y definir una metodología apropiada y criterios armonizados.
6. Prevención de lesiones y enfermedades y promoción del bienestar y la salud de los trabajadores: La política nacional debe promover y orientar la acción a nivel de la empresa. Los empleadores deben proporcionar un ambiente sano y seguro a sus trabajadores. Esto implica la definición de una política a nivel de las empresas, dar acceso a la información y la formación, establecer medidas de prevención y control de peligros y riesgos, y seleccionar tecnologías y prácticas laborales que sean seguras y sanas. Una política a nivel de la empresa permite orientar la estrategias de cumplimento con la normativa y la política nacional en materia de seguridad y salud, y contribuye a la productividad y al bienestar de todos.
7. La promoción de la salud como elemento fundamental: Así se contribuye a los esfuerzos para garantizar la salud, física y mental, y el bienestar de los trabajadores. Se reducen los costos asociados a las lesiones y enfermedades y se contribuye a la productividad. El éxito en la implementación de buenas prácticas laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo depende de la voluntad y de la colaboración de todos los involucrados: los empleadores, los trabajadores y las autoridades competentes.
8. Servicios de salud establecidos para todos los trabajadores: La política nacional debería contemplar el establecimiento progresivo de servicios de salud en el trabajo adecuados para todas las categorías de trabajadores en todos los sectores, que operen, tanto en el interior de la empresa o como servicios externos, en función del tamaño de la empresa y del número de trabajadores. Estos servicios tienen un carácter fundamentalmente preventivo y de promoción de la salud. Son responsables de establecer un sistema de vigilancia de la salud y de monitoreo ambiental, de implementar un programa preventivo y, en caso de un accidente o enfermedad del trabajo, de proporcionar los primeros auxilios, así como de actuar como referencia para la transferencia a tratamiento y rehabilitación del trabajador lesionado o enfermo.
9. Cultura de la prevención a nivel nacional y de la empresa: Es preciso sensibilizar a los empleadores de la región para reconocer la responsabilidad social de las empresas como parte integral de los procesos de desarrollo económico sustentable. Como parte de las estrategias de empleo, se deberían incluir orientaciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, incluidas las pequeñas y micro-empresas, y diseñar estrategias ad hoc para los trabajadores de la economía informal.
10. Creación de competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo: En los países de la región, es necesaria la creación de competencias adecuadas en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo para elaborar, poner en práctica y difundir conocimientos que atiendan las necesidades de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores, y que constituyen una condición previa para la definición de prioridades esenciales, el establecimiento de políticas nacionales y la preparación de estrategias coherentes y pertinentes para ejecutar programas nacionales. Por lo tanto, es necesario fortalecer las competencias nacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo entre las instituciones responsables, entre las organizaciones de empleadores y trabajadores y a nivel de las empresas. El acceso a la información, la educación y la formación sobre los riesgos y las medidas de seguridad y salud en el trabajo son componentes esenciales de un ambiente de trabajo sano y seguro. La difusión de información adecuada sobre los peligros y riesgos a los que se está expuesto en los lugares de trabajo, la vigilancia del medio ambiente y de la salud de los trabajadores, el establecimiento de procedimientos seguros, el cumplimiento de la legislación y de la política nacional y la política de la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo, son elementos clave para garantizar buenas prácticas laborales en este ámbito. Con este propósito, se debe fomentar la creación y actuación adecuada de los delegados y de las comisiones bipartitas de seguridad e higiene en las empresas de todos los países de la región para asegurar la efectiva participación de trabajadores y empleadores en la implementación de las medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo y para la protección de la salud de los trabajadores.
11. Fortalecer los vínculos entre prevención y regímenes de riesgos: Deben proporcionarse servicios de tratamiento, rehabilitación y compensación por riesgos del trabajo a aquellos trabajadores que sufran lesiones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. El acceso a la Seguridad Social debería tener un carácter universal para toda categoría de trabajador en todos los sectores. Los sistemas de Seguridad Social de la región que incorporan regímenes de seguros de riesgos del trabajo deben orientarse más a la prevención de accidentes y enfermedades laborales y a la mejora de la salud y seguridad en el trabajo, que a acciones de tratamiento y de compensación por los daños a la salud sufridos por los trabajadores. Aquellos países que aún no han separado sus regímenes de riesgos del trabajo de los regímenes de enfermedades generales y maternidad tendrían que considerar hacerlo para ser más transparentes en la administración y más eficaces en la gestión preventiva.
Fuente
Esta aplicación le ayuda en la identificación de materiales peligrosos.
